Es común escuchar de las autoridades y organismos gubernamentales la insistencia en que los ciudadanos deben denunciar los delitos que los afectan. Se nos dice que, sin la denuncia formal, las instituciones encargadas de impartir justicia no pueden actuar. Sin embargo, esta premisa se ve constantemente desafiada por la experiencia de muchos ciudadanos, incluyéndome. La realidad es que, aunque se denuncie un delito, la respuesta por parte de la fiscalía y otros órganos judiciales suele ser lenta, ineficiente y, en muchos casos, inexistente.
La Experiencia de Denunciar: Un Proceso Inútil para Muchos
Desde mi propia experiencia, puedo afirmar que he pasado por situaciones donde denunciar un delito no llevó a ningún resultado concreto. Sufrí un ataque cibernético en el que intentaron extorsionarme y, al igual que muchas otras personas, decidí no presentar una denuncia porque tenía la certeza de que la fiscalía no actuaría. Esta percepción no es infundada; en una ocasión anterior, fui víctima de un fraude que reporté, pero la investigación quedó en nada, sumándose a los innumerables casos que terminan en saco roto. Esta sensación de desamparo es compartida por muchos ciudadanos que sienten que el sistema de justicia está diseñado para ser un laberinto burocrático donde las denuncias se pierden sin provocar ninguna acción efectiva.
La Falacia de la Denuncia como Requisito
El gobierno y las instituciones policiales sostienen que sin la denuncia no pueden proceder legalmente, pero este argumento se vuelve irrelevante cuando incluso con las pruebas necesarias, las autoridades no actúan. La fiscalía y la policía tienen la capacidad de investigar de oficio cuando hay pruebas contundentes, pero en lugar de tomar la iniciativa, esperan un trámite que muchas veces es innecesario. Esto crea un ciclo vicioso en el que los ciudadanos se sienten impotentes y desmotivados a denunciar, pues la falta de acción de los órganos judiciales les da la razón: el esfuerzo es en vano.
La Urgencia de un Cambio de Enfoque
Para que la justicia recupere la confianza de los ciudadanos, es necesario un cambio radical en su funcionamiento. Las instituciones no deben depender exclusivamente de las denuncias para actuar. Si la fiscalía o la policía tienen acceso a pruebas que pueden confirmar un delito, deberían intervenir y aplicar las sanciones correspondientes sin esperar a que las víctimas inicien un proceso que, en la mayoría de los casos, solo resulta en frustración. Esto no solo reduciría la impunidad, sino que también enviaría un mensaje claro a los delincuentes de que las instituciones están dispuestas a actuar con firmeza.
La insistencia en que los ciudadanos denuncien como requisito para que la justicia actúe pierde sentido cuando se evidencia que la mayoría de las denuncias no recibe el seguimiento adecuado. Para que las instituciones recuperen la confianza de la población, deben demostrar que son capaces de actuar con eficacia cuando tienen las pruebas necesarias. No se trata solo de pedir a los ciudadanos que confíen en el sistema, sino de hacer que el sistema demuestre que merece esa confianza.
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